En los últimos años, el sistema de pensiones públicas
está siendo objeto de debate y preocupación para las personas jubiladas.
La sostenibilidad financiera del sistema se pone en duda por su volumen económico, respecto al PIB, y a factores como el envejecimiento de la población.
Existen otros como el interés de los bancos por colocar planes de pensiones para lo que insisten en la dificultad de mantener el sistema público de pensiones y situar sus productos en posición ventajosa.
En este contexto, el gobierno español ha propuesto recientemente una reforma de las pensiones públicas, con el visto bueno de la UE en la que por primera vez se va a actuar sobre los ingresos en la Seguridad Social.
Esta semana se ha aprobado en el Congreso. Es una reforma que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema y adaptarlo a las nuevas realidades demográficas y económicas.
La sostenibilidad financiera del sistema se pone en duda por su volumen económico, respecto al PIB, y a factores como el envejecimiento de la población.
Existen otros como el interés de los bancos por colocar planes de pensiones para lo que insisten en la dificultad de mantener el sistema público de pensiones y situar sus productos en posición ventajosa.
En este contexto, el gobierno español ha propuesto recientemente una reforma de las pensiones públicas, con el visto bueno de la UE en la que por primera vez se va a actuar sobre los ingresos en la Seguridad Social.
Esta semana se ha aprobado en el Congreso. Es una reforma que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema y adaptarlo a las nuevas realidades demográficas y económicas.
Por otra parte, desde Nagusiak, estamos apoyando la propuesta de La MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de la Pensiones en la Constitución) para que se incluya un nuevo artículo en el que se haga inviable, gobierne quien gobierne, la privatización de las pensiones públicas y la pérdida de su poder adquisitivo de las mismas.
En resumen, la reforma de las pensiones públicas en España tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, a lo que añadimos la solicitud de la MERP de blindarse en la Constitución.