La PMP seguirá trabajando para proteger los derechos de las personas mayores como consumidores y usuarios de servicios tanto privados como públicos
• En el marco del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, la PMP recuerda la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal.
• Por otra parte, la PMP quiere expresar que esta lucha contra la brecha digital que ahora está centrada en los servicios financieros, debe hacerse extensible y tener una réplica también en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también tienen que acceder a servicios esenciales, tales como el sanitario o el de empresas de telecomunicaciones o energéticas, entre otros.
Madrid, 15 de marzo de 2022.- La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, manifiesta, en el marco del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que seguirá trabajando para proteger los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores como consumidores y usuarios de los servicios tanto privados como públicos.
En este sentido, por una parte, recuerda la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
Una reivindicación que, además, vio reflejada en la nueva Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica a través de las disposiciones adicionales añadidas al proyecto de ley debatido y aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, que instan al Gobierno a tomar medidas inmediatas destinadas a paliar la exclusión financiera y a garantizar, por tanto, una atención personalizada en los servicios bancarios a los usuarios más vulnerables, las cuales entrarán en vigor en un plazo, desde entonces, de tres meses.
No obstante, la PMP manifiesta que continuará trabajando y manteniendo reuniones con representantes políticos e instituciones para que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.
Según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.
Por otra parte, la PMP quiere expresar que esta lucha contra la brecha digital que ahora está centrada en los servicios financieros, debe hacerse extensible y tener una réplica también en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también tienen que acceder a servicios esenciales, tales como el sanitario o el de empresas de telecomunicaciones o energéticas, entre otros.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
La PMP ha sido puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), constituida por 50 asociaciones territoriales y 13 asociaciones sectoriales con más de un millón de afiliados; la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), con 25 organizaciones de mayores de las diferentes Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones; y por la ONCE, con representación territorial en todo el país, en la que más del 50% de sus afiliados son personas mayores.
Además, como entidad social de referencia, participa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con 8.000 asociaciones que representan a 4 millones de personas con discapacidad, de las que más del 60% son personas mayores (2,6 millones). Y, por otra parte, como socio ordinario se ha incorporado también la Asociación CONJUPES (Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España), con 1.500 asociaciones y 550.000 afiliados. También se ha sumado a la PMP como socio adherido la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), con 1.483 asociaciones y más de 600.000 asociados, de los que un 70% son personas mayores de 65 años (420.000).
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